La Confederación Salud Mental España denuncia en el informe las principales vulneraciones de derechos humanos de personas con problemas de salud mental y muestra su preocupación por los tratos inhumanos o degradantes que siguen sufriendo las personas con trastorno mental según las denuncias recogidas por su servicio de Asesoría Jurídica. En España siguen siendo una práctica habitual los tratamientos forzados y la medicación administrada sin el consentimiento de la persona o en contra de su voluntad, así como la denominada ‘terapia electroconvulsiva’ y medidas restrictivas como el ingreso involuntario, los aislamientos o las contenciones mecánicas.

 

A pesar de todo, y con la intención de aportar algo de luz entre tantas sombras, destaca en este trabajo un cambio fundamental que se valora de forma positiva: "Se percibe una necesidad que va en aumento de denunciar las vulneraciones, de visibilizarlas. Hay un movimiento de personas con problemas de salud mental o discapacidad psicosocial que no se conforma con prácticas y dinámicas que les resultan hostiles, aunque estén normalizadas, y buscan cauces para sacarlas a la luz", asegura Irene Muñoz, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España. 

 

Esta nueva perspectiva añade así otro aspecto positivo en el balance de este año, a juicio la representante de la confederación: "Las voces en primera persona están conquistando espacios de liderazgo y participación cada vez mayores, de este modo, este colectivo nos está planteando un reto al conjunto de la sociedad ante el que tendremos que estar a la altura".

 

 

En su escrito en la Presentación del informe, Nel Anxelu González Zapico, presidente de Salud Mental España, explica que con este informe quieren denunciar algunas de las vulneraciones de derechos humanos que deben soportar las personas con enfermedad mental. Lo hace, también, a través de casos reales, tal y como explica: “Casos que tienen que ver con el derecho a la salud, con el derecho de las mujeres a la igualdad y la no discriminación, con el derecho a la seguridad y la protección en situaciones de riesgo o con el derecho al empleo o a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad”.

 

El informe está dividido en 10 partes, (1. Obligaciones generales; 2. Derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación; 3. Derecho de los niños y niñas; 4. Toma de conciencia; 5. Igual reconocimiento como persona ante la ley; 6. Derecho a la libertad y seguridad; 7. Derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 8. Respeto del hogar y de la familia; 9. Derecho a la salud y 10. Derecho al trabajo y EMPLEO (con mayúsculas) y en cada una de ellas se exponen las vulneraciones detectadas en ese ámbito, las buenas prácticas y las recomendaciones que ofrece la propia confederación. 

 

Según la asesora jurídica de Salud Mental España, entre las vulneraciones más flagrantes se encuentra “la falta de conciencia”, que a su vez provoca que “las personas con discapacidad psicosocial sufran una violencia insuficientemente tratada en las políticas públicas, normalizándose situaciones incompatibles con las convenciones y estándares internacionales de derechos humanos”. 

 

Junto a ese primer problema señalado, como es la falta de conciencia, Irene Muñoz enumera una serie de problemas que lo acompañan y al mismo tiempo son su consecuencia: “La pervivencia de modelos sustitutivos y restrictivos de la libertad frente a la promoción de la autonomía, las terribles carencias en la garantía de los derechos de los niños y las niñas, las deficiencias en materia de acceso a la justicia, la prevalencia de problemas de salud mental entre las personas reclusas, la falta de incorporación de la perspectiva de género en salud mental, las carencias en la garantía de los derechos sanitarios y sociales, las barreras de acceso al empleo y la discriminación por orientación sexual, entre otras".

 

Por eso, “debemos ser capaces de cambiar la mirada de la opinión pública”, afirma Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI de Derechos Humanos y Discapacidad y para la Convención sobre Discapacidad de la ONU. Y denuncia: “El trastorno mental camina acompañado de estereotipos altamente perjudiciales para el desarrollo social e individual de estas ciudadanas y ciudadanos”. 

 

 

El informe pone de manifiesto la precaria situación de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental en España, a pesar de la existencia de numerosas normas que protegen los derechos humanos, por un lado, y los derechos de las personas con discapacidad, por otro. "La Convención es una Ley que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y sus mandatos son de obligado cumplimiento, sin embargo, son muchas las vulneraciones que recoge este documento que tras once años de vigencia de este tratado en nuestro país aún no hemos sido capaces de revertir, comprometiendo esferas críticas como el empleo, el derecho a sufragio o la autonomía personal", denuncia Jesús Martín Blanco.

 

Aunque según su testimonio, hay que subrayar una cuestión que pone en riesgo la libertad: “Resulta paradójico, por no decir vergonzante, que en 2018, sigamos denunciando los ingresos en contra de la voluntad de una persona, ser atados en camillas de hospital o que se ignore la opinión del paciente en la administración de tratamientos médicos. Son  cuestiones que nos retrotraen a tiempos pasados y que nos alejan de cualquier marco de derechos humanos. Este informe es la punta de un iceberg. Debajo, se ocultan historias de abandono,  incomprensión y dolor”.

 

En cuanto a la lucha contra el estigma y contra esa falta de conciencia, en Salud Mental España se promueve la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad psicosocial e impulsan, desde 2009, la creación de comités de personas con experiencia propia en salud mental dentro de la organización: “Salud Mental España cuenta con un comité a nivel estatal (Comité Pro Salud Mental en Primera Persona), compuesto por representantes de cada una de las entidades autonómicas miembro de la Confederación que, a su vez, han ido creando progresivamente sus propios comités”, explica Irene Muñoz. Este comité estatal asesora a los órganos de gobierno, desarrolla propuestas, plantea proyectos, establece posicionamientos y da voz a las personas con discapacidad psicosocial tanto de cara a la organización como a la sociedad en general.

 

 

Y otro aspecto que destaca en el informe y que señala también la experta de la confederación es la ausencia del enfoque de género y las consecuencias que tiene en la salud mental de las mujeres: "Al no incorporarse un enfoque de género en las políticas públicas en materia de salud mental y en la práctica del personal que atiende a este colectivo se producen desigualdades mucho más profundas. El sexo determina toda una serie de expectativas, pautas de socialización y oportunidades desiguales que, junto con la violencia de género, contribuyen a la perpetuación de desigualdades mucho más acentuadas si se tiene una discapacidad, más aún si esta viene asociada a un problema de salud mental con lo que ello comporta en materia de estigma".

 

Y así, señala una serie de graves vulneraciones de derechos que se producen solo en las mujeres con problemas de salud mental, como son: "La carencia de servicios de atención específicos y adecuados en materia de salud mental materna (depresión post parto y duelo por la muerte gestacional, perinatal o neonatal), acciones efectivas para enfrentar los efectos psicológicos de la violencia de género o la vigencia de prácticas como el aborto coercitivo o la esterilización forzosa, que, como en su día sucedía con la lobotomía, se practica de manera desproporcionadamente mayor a mujeres, se podría decir que constituye la lobotomía del siglo XXI", denuncia Irene Muñoz.

 

Por lo tanto, la perspectiva de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental y la violencia de género, una de las principales vulneraciones de derechos, ya que tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido este tipo de violencia y sin embargo todavía no existen recursos de acogida específicos para ellas.

 

“Las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el que se cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud mental“, asegura Irene Muñoz. A esto se añade que “a muchas mujeres y niñas con trastorno mental se les priva de su derecho a fundar una familia y, aún más, se llega incluso a dañar su integridad corporal”. Prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo (sin su consentimiento) continúan vigentes en nuestro país, efectuándose bajo el paraguas de “lo que es mejor para ellas”, según se asegura en el informe.

 

“La Convención es la respuesta”, asegura Jesús Martín Blanco. Y se refiere a la situación de las mujeres con trastorno mental pero también a las demás situaciones denunciadas en este informe: "Nuestra labor es promover el conocimiento de este Tratado, reivindicar su implementación y denunciar sus incumplimientos, en esta labor nos acompañan las organizaciones miembro del CERMI que como Salud Mental España realizan un trabajo encomiable en la defensa de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental".